COMUNICADO cpdh - 4 DE MAYO 2021 - Definitivo 2.pdf (414613)

                                                          COMUNICADO

El Comité Permanentemente por la Defensa de los Derechos Humanos -cpdh-  Seccional Caquetá, expresa su preocupación ante la gravísima situación de violación de derechos humanos, que en el marco de Paro nacional, se viene dando en el país; alerta a las organizaciones sociales sobre el desarrollo de una estrategia urdida desde la ultraderecha y sectores del alto gobierno, de infiltrar la protesta social con agentes encubiertos para que protagonizan hechos vandálicos que justifiquen el uso desproporcionado de la fuerza.

Sustentamos nuestra preocupación en lo siguiente:

Con fecha de 3 de mayo de 2021, ha venido circulado por los grupos de Whatssap, un panfleto  denominado “RESISTENCIA COLOMBIANA” y con el subtítulo de “indignación ante las protestas pacíficas, sin un fin ejemplar” afirmando que: “Este es un llamado a la población Florenciana – Caquetá de parte del grupo de resistencia (5 de mayo) nos damos a la tarea de informarles que nos cansamos de protestar pacíficamente”… en una clara incitación a la violencia, en un último apartado señala: “Están siendo advertidos este 5 de mayo no queremos que caigan personas inocentes” (…), anunciando que se tomaran las calles de Florencia y que irán por los policías, la alcaldía y la gobernación y en un paréntesis dicen que incluyen a los bancos. Continuando con el siguiente enunciado: “¿querían caos? Caos van a tener, (…), muerte a los tombos (…) Por ultimo señala el panfleto: “prepárense CAQUETEÑOS lo que se viene quedará en la historia de Colombia”.

Alertamos y llamamos a las diferentes organizaciones sociales a estar atentos ante cualquier amenaza que ponga en riesgo el carácter pacífico de la protesta social, que tendría como objetivo justificar el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes del orden contra los manifestantes, como viene sucediendo en otras ciudades del país.

Exigimos de las autoridades (Gobernación, Alcaldía, Policía, Fuerza Pública), al ministerio público (Procuraduría, Defensoría del pueblo, Personería), garantizar el derecho a la protesta pacífica y estar vigilantes para que no se produzcan abusos o provocaciones que pudieran desembocar en hechos indeseados en el marco de la convivencia pacífica.

COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS –CPDH- SECCIONAL CAQUETÁ  

Victimas Caquetá (asesintos líderes sociales) 

Vítimas Caquetá Informe_actualizado- 2021 - asesinatos.pdf (398795)

Victimas Amenazas Caquetá

Vítimas - amenazas_actualizado_2021 y Desplazamientos.pdf (440369)

Comunicado CPDH 2018.pdf (176505)

COMUNICADO

 A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

El Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos – Seccional Caquetá

Comunica a la opinión Pública Nacional e Internacional:

1. Es Es evidente la existencia de un Plan  sistemático para el asesinato, amenaza y desplazamiento de líderes sociales, Comunales, Defensores de Derechos Humanos y del Proceso de paz, incluidos los excombatientes de las FARC, hoy en proceso de Reincorporación a la vida política legal, como desarrollo de una estrategia criminal de la ultraderecha para oponerse a la implementación del “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP el 24 de Noviembre de 2016 y hacer trizas el Acuerdo de paz.

2. Igualmente se evidencia en el país la reaparición de grupos de Ultraderecha, los que vienen ejerciendo control en los territorios dejados por las Extintas “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC”), como sucede actualmente en el Departamento del Caquetá y en los que participan exintegrantes de grupos paramilitares y antiguos desmovilizados de las FARC, que sustentan económicamente su actividad delictiva  en el secuestro, extorción y narcotráfico en asocio con carteles de la droga como el Clan del Golfo (Autodefensas Gaitanistas) y el Cartel de Sinaloa, oponiéndose al Programa de sustitución de cultivos de uso ilícito y promoviendo el micrográfico de sustancias psicoactivas (coca y marihuana) en pueblos y ciudades capitales, a través de las conocidas “ollas” donde las principales víctimas son los jóvenes y menores de edad.

3. La actual situación de inseguridad que afrontan los  líderes sociales, Comunales, Defensores de Derechos Humanos y del Proceso de paz, incluidos los excombatientes de las FARC, es el resultado irrefutable del incumplimiento, por parte del gobierno, del “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, especialmente en el ámbito territorial, en lo relacionado con “Garantías de seguridad”, pues en la mayoría, si no en todos, de los entes territoriales comprendidos en el acuerdo Final, no se han tomado las medidas necesarias para garantizar la seguridad en los territorios y de sus comunidades (punto 3.4); no se han generación las mesas técnicas de garantías  (punto 3.4.3);  como tampoco la elaboración del “Programa Integral de Seguridad y Protección para comunidades y organizaciones en los territorios” ha contado con la participación de estas y sus Organizaciones (Punto 3.4.8). Sumando a esto el incumplimiento de la implantación de las circunscripciones Especiales para la paz (punto 2.3.6), y el congelamiento, como en el caso del Caquetá, de la formulación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET- (punto 1.2), lo cual presupone la continuidad del abandono administrativo de las comunidades y de los territorios afectados por el conflicto armado que hoy amenaza con reeditarse.   

Por lo anterior llamamos

Al gobierno nacional a avanzar en la implementación integral del “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”; y al tiempo  que saludamos el reconocimiento por parte del gobierno colombiano, en el plano de la diplomacia internacional, del Estado Palestino, rechazamos la intención de renunciar a su membresía en la UNASUR, lo que implicaría ir en contra vía de la integración latinoamericana y la paz de la región.

Al conjunto de la sociedad Colombiana y la comunidad internacional a hacer todo lo que esté a su alcance para salvaguardar la integralidad del "Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” y demandar del Gobierno colombiano su implementación, como garantía de no repetición.

COMITÉ POR LA DEFENSA DE LOS DD.HH – CPDH - SECCIONAL CAQUETÁ

24 de Agosto de 2018

DIRECTIVA PRESIDENCIAL No. 07

PARA:

Vicepresidente de la república, ministros del despacho directores de departamentos administrativos, directores de entidades descentralizadas del orden nacional, alto comisionado para la paz, consejeros residenciales, gobernadores, alcaldes, comandante general de las fuerzas militares, comandante del ejército nacional de Colombia, Comandante de la armada nacional de Colombia, comandante de la fuerza aérea colombiana, director general de la policía nacional

DE:

Presidente De La República

ASUNTO: respaldo, interlocución y colaboración del Estado con las organizaciones de derechos Humanos.

9 SET. 1999

CONSIDERACIONES GENERALES

El Estado Social de Derecho consagrado en la Constitución Política tiene como finalidad la búsqueda de la convivencia a partir del respeto y garantía de los Derechos Humanos.

Constituye deber de todos los colombianos, de conformidad con el artículo 95 de la Constitución, defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica, propender por el logro y mantenimiento de la paz, y obrar de conformidad con el principio de solidaridad social respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida de los asociados.

El Gobierno de Colombia está comprometido con la defensa, promoción, fortalecimiento y ampliación de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario en todos los ámbitos de la vida social y con la afirmación constante de la Dignidad Humana, en razón de lo cual:

Ha promulgado la Política de Promoción, Respeto y Garantía de los Derechos Humanos y de Aplicación del Derecho Internacional Humanitario, en la que ha fijado como una de las áreas prioritarias de acción el compromiso con la protección de los defensores de derechos humanos, con indicación de las tareas que deben ejecutar las autoridades.

Resalta la importancia de las organizaciones nacionales o internacionales que tienen por objetivo velar por la realización de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, quienes contribuyen a consolidar la democracia y se constituyen en elementos de control de las actuaciones del Estado y de los particulares y en fuente de iniciativas en la búsqueda de la paz y del reconocimiento de la Dignidad del Hombre.

Reitera su voluntad de trabajar coordinada y concertadamente con estas organizaciones en pro de la defensa, protección y promoción de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, de las garantías individuales y colectivas, y del fortalecimiento de los mecanismos de participación democrática.

Condena las amenazas, ataques y atentados contra los miembros de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, y de cualquiera otra organización social, sindical, política, cívica, académica o comunitaria, así como acudir a la práctica del secuestro contra los civiles en general y contra los miembros de estas organizaciones en particular.

Condena, así mismo, las amenazas contra los servidores públicos que trabajan por los derechos humanos y realizan con su labor una importante contribución a la construcción de la paz.

Enfatiza la voluntad política del Gobierno Nacional de procurar la defensa de la vida e integridad física de los miembros de estas organizaciones, a través del fortalecimiento del Programa de Protección a Testigos y Personas Amenazadas del Ministerio del Interior.

Manifiesta igualmente su intención de crear y/o- fortalecer programas de sensibilización y capacitación en derechos humanos, que enfaticen la legitimidad del trabajo en la defensa, protección y promoción de estos derechos.

Reitera la decisión de realizar una labor de impulso y seguimiento a las investigaciones de graves violaciones a los derechos humanos, por conducto y en el marco del Comité Especial de Impulso y Seguimiento de Casos de graves violaciones a los derechos humanos, creado por el Decreto 2429 de 1998.

En consecuencia y en desarrollo de las anteriores consideraciones, el

Presidente de la República,

ORDENA

1. A todos los servidores públicos abstenerse de (i) cuestionar la legitimidad de las organizaciones de derechos humanos y sus miembros, que actúan de acuerdo con la Constitución y las leyes; (ii) realizar afirmaciones que descalifiquen, hostiguen o inciten al hostigamiento a las mismas organizaciones, y (iii) emitir declaraciones públicas o privadas que estigmaticen la labor propia de estas organizaciones.

2. A todos los servidores públicos abstenerse de hacer falsas imputaciones o acusaciones que comprometan la seguridad, así como la honra y el buen nombre de las organizaciones de derechos humanos y sus miembros. En caso de conocimiento de algún hecho delictivo cometido por miembros de estas organizaciones, es un deber informar a la autoridad judicial competente.

3. A todos los servidores públicos atender y despachar con prontitud y eficacia, las solicitudes de información, trámite o gestión que ante ellos realicen las organizaciones de derechos humanos y que tengan relación directa con su trabajo, de acuerdo con las funciones propias de cada entidad. En el caso excepcional en el que exista algún tipo de imposibilidad legal para atender dichos requerimientos, informar debidamente esta situación a los peticionarios.

4. Al Director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior atender y dar curso, a través del Comité de Evaluación de Riesgos del Programa de Protección a Testigos y Personas Amenazadas (art. 49 del Decreto. 0372 de 1996) las solicitudes de protección de la población objeto de la presente Directiva, con la finalidad de que se evalúe el riesgo y se tomen las medidas de protección a que haya lugar.

5. A los organismos gubernamentales de derechos humanos de todos los niveles, desarrollar o fortalecer programas de sensibilización y capacitación en derechos humanos, a través de los cuales se promueva la legitimidad del trabajo en la defensa, protección y promoción de estos derechos como parte esencial y constitutiva del estado social de derecho.

Como complemento de lo anterior, se sugiere a los gobernadores y alcaldes, convocar y celebrar de manera regular y cuando los hechos así lo ameriten, los Consejos de Seguridad departamentales y municipales con el objeto de analizar las situaciones de riesgo de las organizaciones de derechos humanos y sus miembros y poner en marcha las medidas requeridas para garantizarles su seguridad. A estas reuniones podrán ser invitados representantes de las organizaciones en riesgo para el efecto de coordinar las medidas a adoptar. Igualmente, el Gobierno hace un llamado a las autoridades judiciales y al Ministerio Público, para que den curso en forma eficaz y ágil a las investigaciones que tengan relación con la violación de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario31-Directiva-Presidencial-007-de-1999.pdf (16097)

1- ALERTA TEMPRANA - INSPECCION DE CAMPOALEGRE - MUNICIPIO DE SOLANO..pdf (300854)

El pasado 2 de Septiembre de 2014 se realizó, en el centro poblado Campo Alegre Peneya del Municipio de Solano Caquetá, el Foro de Derechos Humanos –DD.HH- y Derecho Internacional Humanitario.

Objeto: Denunciar las violaciones a los DD.HH y al DIH que se han venidos dando en la zona rural del Municipio de Solano, Departamento del Caquetá.

Para su conocimiento publicamos la Alerta Temprana que será dada a conocer a las autoridades próximamente.

ALERTA TEMPRANA - INSPECCION DE CAMPOALEGRE - MUNICIPIO DE SOLANO..doc (74752)

ALERTA TEMPRANA

FRENTE A LA PERMANENTE Y SISTEMATICA VIOLACION  E INFRACCION DE DERECHOS HUMANOS Y AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

EN LA INSPECCION DE CAMPOALEGRE  

MUNICIPIO DE SOLANO

 (DEPARTAMENTO DEL CAQUETA)

Florencia, Caquetá, 23 de septiembre de 2014

Doctor

ALVARO CASTEBLANCO CARDOZO.

Defensor del Pueblo Regional Caquetá

caqueta@defensoria.org.co

Carrera 7 No.7-08

Florencia, Caquetá.-

A las Autoridades Civiles:

Doctor: JUAN MANUEL SANTOS CALDERON

Presidente de la República-  

Doctor: GERMAN VARGAS LLERAS

Vicepresidente de la República-

Doctor: JUAN FERNANDO CRISTO

Ministro del Interior - servicioalciudadano@mininterior.gov.co

Doctora: MARTA LILIANA AGUDELO VALENCIA

Gobernadora del Departamento del Caquetá- contactenos@caqueta.gov.co

A las Autoridades Militares:

Señor:

Comandante XII Brigada del Ejército

atencionciudadanoejc@ejercito.mil.co

A las Autoridades de Policía:

General: RODOLFO PALOMINO

Director General de la Policía Nacional-lineadirecta@policia.gov.co  

Señor:                                                            

Coronel JOSÉ ELÍAS BAQUERO

Comandante Departamento de Policía del Caquetá-  comandecaq@policia.gov.co

Ref.: Alerta Temprana frente a la permanente y sistemática violación e infracción de Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario en la Inspección de Campoalegre – Municipio de Solano – Departamento del Caquetá

Respetadísimos Señores:

Por medio de la presente el COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, CPDH – SECCIONAL CAQUETA, se permite informar a ustedes, sobre los hechos de violación e infracción a los Derechos Humanos –DD.HH- y al Derecho Internacional Humanitario –DIH- en la Inspección de Campo Alegre, Municipio de Solano, Departamento del Caquetá, como consecuencia del escalonamiento del  conflicto social y armado que afecta, de manera directa, a los habitantes de esta región y que se traduce en las denuncias presentadas el pasado 2 de septiembre de 2014, en el Foro Derechos Humanos -DD.HH- y Derecho Internacional Humanitario –DIH, a partir de los siguientes:

HECHOS

1.             En días previos al Foro DD.HH- y DIH, realizado el pasado 2 de septiembre, circulo un volante con los logos del Ejercito Nacional donde se plantea “TOMEN LA MEJOR DECISION DESMOVILICESE, HAY MILES DE GUERRILLEROS QUE ESTAN HOY EN LA VIDA CIVIL……” Situación que consideramos de suma gravedad ya que coloca en un nivel de vulnerabilidad y riesgo a la población civil por cuanto se deja entrever el supuesto vinculo o pertenencia de campesinos o pobladores rurales con grupos insurgentes; lo que evidencia una estrategia de señalamiento y estigmatización de sectores sociales y populares, por parte de agentes del Estado.

2.             Los habitantes de la Inspección de Campo Alegre Peneya denunciaron los abusos de la Fuerza Pública y en particular de  miembros del ejército, adscritos a la móvil 26, a partir de su permanencia por más de dos meses a escasos 200 metros del casco urbano, colocando en una situación de riesgo inminente a la población civil por los constantes asedios y hostilidades de los actores armados, como lo ocurrido en inmediaciones del Hogar Comunitario, el cual fue afectado por un artefacto explosivo e impactado por disparos de fusil; de igual manera, rechazan la distribución de panfletos por parte del Ejercito donde mencionan y señalan a habitantes de la Región de tener vínculos o de pertenecer a la insurgencia, entre otros, a los Señores Alirio García Sánchez, con cc No. 96 341 174, a quien reseñan con el alias de “el oso”; Norbey Trujillo, con cc No. 96 330 945, integrante de la Junta de Acción Comunal de la vereda Bello Horizonte, a quien señalan con el “alias perra”, el señor Álvaro Ortiz Marín con cc No. 17 638 071, habitante de la vereda el Jardín,  a quien señalan con el alias de “Tapara”, el Señor Jorge Eliecer Garzón, a quien reseñan como con el alias de “Pate Palo”.

3.             Pobladores de la finca El Refugio de la Vereda del Alto Cuerazo denuncian los impactos directos generados por las fumigaciones con glifosato, por aspersión aérea, durante el mes de agosto, donde fueron contaminados afluentes de agua y en especial el nacimiento natural de donde se surte la escuela para el consumo de agua de los niños y demás habitantes, de igual manera se presenta el daño de cultivos de pancoger como plátano y cacao; generándose así un nivel de riesgo de seguridad alimentaria y a la salud de los campesinos y de paso ocasionando un daño ambiental y de degradación del Medio Ambiente.

4.             Integrantes de la Junta de Acción Comunal de la Vereda de Matiguajo exigen el cese inmediato de las fumigaciones aéreas dado los efectos inmediatos sobre el entorno y la vida de los habitantes de esta Región, por la contaminación de cultivos y fuentes hídricas que ocasionan enfermedades  y de paso propician la muerte de animales domésticos como vacas y caballos.

5.             Habitantes de las Veredas Diamante 21, Esmeralda 23, El Combeima, Nuevo Horizonte y El Cuerazo Alto, del Municipio de Solano, Departamento del Caquetá, señalan que el pasado 23 de junio del año en curso, fueron víctimas de las fumigaciones aéreas indiscriminadas dejando como resultado la daño y destrucción de bosques, rastrojos, pastos y cultivos de pancoger; afectando de esta manera la seguridad alimentación básica para los habitantes y animales domésticos; dicho procedimiento se repitió en la Vereda Las González el pasado 1 de agosto en horas de la mañana ocasionando los mismos impactos.

6.             Según lo pudo constatar el Delegado del CPDH- Caquetá, que participó en foro de DD.HH y DIH, del 2 de Septiembre de los corrientes, muchos residentes del centro poblado Campoalegre Peneya, ante el eminente peligro que genera el fuego cruzado, han abandonado sus casas de habitación, las que han sido ocupadas por la FF.PP, hecho que es aprovechado, al parecer, por las fuerzas insurgentes, para ubicar explosivos con la intención de afectar a los militares, como fue el hecho sucedido el pasado 7 de Agosto en horas de la madrugada, donde una bomba hizo explosión, destruyendo una vivienda deshabitada y de paso la unidad sanitaria del hogar infantil del lugar, afortunadamente sin pérdidas humanas. Igualmente que el Internado (albergue) escolar tuvo que ser abandonado por alumnos (40 niños y niñas) y los docentes, dada la cercanía del campamento de los militares al lugar y los constantes cruces de disparos de estos y los insurgentes de las FARC, en el marco de las hostilidades que a diario tienen lugar en la zona rural.  

ANTECEDENTES

1.             El Departamento del Caquetá ha sido experimento y laboratorio de planes militaristas y políticas guerra contrainsurgente por parte del Gobierno Central, que buscan posicionar la prolongación del conflicto como estrategia de dominio y control político – económico, arrasando con los recursos naturales y acabando con la biodiversidad de esta importante zona del País, como es el caso de las fumigaciones con Glifosato; en el último periodo han sido recurrentes acciones de la Fuerza Pública en su lucha contra insurgente,  que evidencian la permanente y sistemática violación  de los Derechos Humanos y el DIH, a partir de los fasos “positivos” los montajes judiciales, detenciones arbitrarias, desplazamiento forzado, la estigmatización de la población civil y sus organizaciones sociales.

2.             En los últimos años ha sido recurrente la intensificación de enfrentamientos armados entre efectivos de  la Fuerza Pública (FF.PP) e integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); generándose así una situación de riesgo a la integridad física, la vida y la alteración de la tranquilidad de los habitantes de la zona rural, en especial de quienes habitan centros poblados, los cuales son ocupados por  miembros de la Fuerza Pública; sumándose a esto la presencia y ubicación de efectivos militares cerca a escuelas e internados (albergues) escolares,  colocando en alto riesgo a la población civil, en especial a niños y niñas, por el fuego cruzado entre los actores armados; propiciándose de esta manera el desalojo  y abandono de viviendas e instalaciones educativas, que incrementan  los índices de desplazamiento forzado; tal como lo denunciaron los habitantes de la Inspección de Campoalegre, Municipio de Solano en el Departamento del Caquetá, el pasado 2 de septiembre de 2014, en el Foro Derechos Humanos -DD.HH- y Derecho Internacional Humanitario –DIH.

CONSIDERACIONES

1.             Como es de amplio conocimiento la garantía de los DD.HH- y aplicación del DIH, en el marco del conflicto interno, es una obligación del Estado Colombiano; como firmante de Pactos, Protocolos y Convenios  Internacionales en esta materia; por lo tanto corresponde a sus agente observar el principio de distinción y, en especial, lo establecido en el artículo 13 del protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra: “La población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares”.

2.             Así las cosas es evidente que cualquier afectación a la integridad de las personas, como consecuencia de operaciones militares, es responsabilidad exclusiva del Estado, lo cual implica que sus agentes, en este caso la Fuerza Pública (FF.PP), deben tomar las medidas preventivas para evitar toda eventualidad que pueda poner en riesgo eminente la vida e integridad de las personas y de los bienes de quienes ostentan la calidad de población civil.

Por todo lo anterior,

LLAMAMOS

1.             Al Gobierno Nacional y Departamental  a exhortar a las Fuerzas Militares y de Policía a cesar todas las acciones que puedan afectar la población civil, en su vida, libertad e integridad, honra y el buen nombre de las personas y que puedan ser tipificadas como violación de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario y llamar a toda la institucionalidad civil y militar a que cumplan con su obligación constitucional de brindar la seguridad y la protección de las comunidades vulneradas.

2.             A los Organismos de Control del Estado, a ejercer la función constitucional de proteger y garantizar el respeto y el reconocimiento de los derechos humanos y las libertades públicas de las y los ciudadanos afectados durante los hechos referidos y se adelanten las respectivas investigaciones de tipo disciplinario con el fin de establecer las responsabilidades frente a los hechos presentados.

3.             Al Gobierno Central a modificar su estrategia de erradicación de cultivos de uso ilicitito por la vía de la fumigación aérea, ya que mediante estas actuaciones se violan y vulneran derechos básicos y fundamentales de los pobladores rurales colocando en riesgo su integridad física y la vida misma.

4.             A las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, Nacionales e Internacionales a permanecer alerta frente a posibles nuevas violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario por parte de la Fuerza Pública.

COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS CPDH – SECCIONAL CAQUETA

C.C.

-Defensoría del Pueblo- defensoria@defensoria.org.co - atencionciudadano@defensoria.gov.co

-Procuraduría General de la Nación- webmaster@procuraduria.gov.co

-Procuraduría Regional del Caquetá- coordinación.caqueta@procuraduria.gov.co     

-Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos- oacnudh@hchr.org.co

-Corte interamericana de Derechos Humanos - cidhoea@eas.org 

-Amnistía Internacional  AIC.org Colombia Online - aicolombiaonline@amnesty.org                                             -Federación Internacional de Derechos Humanos – fidh-  scarroll@fidh.ong                                                               -Observatorio para la protección de los defensores de derechos humanos (OBS) americalatina@landcoalition.info    -Comité permanente por la Defensa de los  DD. HH- info@comitepermanente.org

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